Más de 600 niños palestinos fueron sometidos a arresto domiciliario en 2022 por orden de tribunales de ocupación israelíes, informó la Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex Detenidos.
La Comisión afirmó en un comunicado que las autoridades de ocupación israelíes recurren al arresto domiciliario, impuesto principalmente contra niños y jóvenes en la Jerusalén ocupada, como forma de castigo para los menores de 14 años porque la legislación israelí no permite su encarcelamiento.
En consecuencia, los tribunales ordenan su detención en el interior del domicilio durante el período en que el tribunal israelí examina su expediente hasta que finalizan los procedimientos judiciales contra ellos y se dicta sentencia, que puede durar unos pocos días o hasta un año o más, y este período no se cuenta a partir del período de la sentencia efectiva que se dicta posteriormente contra el niño.
Durante este periodo, se obliga al menor a no salir de casa en absoluto, durante el cual tiene que llevar un brazalete electrónico de seguimiento, y no se le permite ir al colegio ni siquiera a una clínica sin ir acompañado de un supervisor.
Según las estadísticas oficiales, la Comisión observó que hubo más de 600 casos de arresto domiciliario de menores durante 2022, desglosados en dos tipos.
El primero es cuando el niño permanece en su casa y entre su familia durante el periodo especificado según la decisión del tribunal hasta que se decide su caso. A menudo los padres se ven obligados a vender propiedades o a utilizar sus ahorros para depositar grandes sumas de dinero en la tesorería del tribunal a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones para la puesta en libertad de su hijo.
La segunda, que es la más difícil y complicada, es sacar al niño del domicilio familiar y obligarle a permanecer en una casa fuera de su ciudad, lo que se aplica ahora a cuatro niños de Jerusalén menores de 18 años. Dos fueron obligados a permanecer en prisión en la ciudad de Ramle, y dos en otras ciudades, un paso que dispersa a la familia y aumenta sus cargas financieras porque se ve obligada a alquilar una casa lejos de su domicilio, por no hablar de los problemas sociales que se producirán entre la familia del niño y el padrino, que es un pariente o amigo, sobre todo si el período de encarcelamiento se prolonga.
La Comisión señaló que el arresto domiciliario deja difíciles secuelas psicológicas en los niños y sus familias, que se ven obligados a vigilar a su hijo en todo momento e impedirle salir de casa en cumplimiento de las condiciones de la puesta en libertad impuestas por los tribunales. El arresto domiciliario también priva a los niños de su derecho a la educación y crea una sensación constante de ansiedad, miedo y privación, lo que provoca en el niño un estado de inestabilidad psicológica, a veces micción involuntaria y nerviosismo excesivo.