Un informe publicado por Naciones Unidas acusa a la ocupación israelí de violar los derechos de las personas pertenecientes a la sociedad civil en el Territorio Palestino Ocupado. El informe fue publicado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel.
Esta comisión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2021 para investigar las violaciones del derecho internacional durante la agresión israelí que tuvo lugar en abril y mayo de 2021.
El informe examinó a fondo los ataques, restricciones y hostigamiento a los que se enfrentaron los agentes de la sociedad civil en el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental. Descubrió que la mayoría de estas violaciones las llevaban a cabo las autoridades israelíes. El principal objetivo del gobierno israelí parecía ser consolidar y perpetuar su ocupación permanente, sin tener en cuenta los derechos del pueblo palestino.
Según el informe, el gobierno israelí ha limitado cada vez más el espacio cívico deslegitimando y reprimiendo a la sociedad civil. Esta estrategia consiste en criminalizar a las organizaciones palestinas de la sociedad civil y a sus miembros, tachándolos de “terroristas”.
Las autoridades israelíes también presionan y amenazan a las instituciones que ofrecen plataformas para el debate de la sociedad civil. Además, presionan activamente a los donantes y aplican medidas para cortar las fuentes de financiación y apoyo. Esta estrategia está dirigida contra organizaciones de la sociedad civil palestina, activistas y defensores internacionales de los derechos de los palestinos.
El informe concluye que la designación por parte de las autoridades israelíes de seis ONG palestinas como organizaciones “terroristas” y de una ONG palestina como ilegal es injustificada y viola derechos humanos fundamentales. Estos derechos incluyen la libertad de asociación, expresión, opinión, reunión pacífica, privacidad y el derecho a un juicio justo.
Navi Pillay, Presidenta de la Comisión, declaró: “Hoy hemos publicado un informe centrado en la represión de la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel, y hemos determinado que todos los responsables del cumplimiento de las obligaciones están implicados en la restricción de los derechos a la libertad de expresión y de asociación pacífica.”
La Comisión pidió a todas las partes que respetaran y salvaguardaran los derechos de los miembros de la sociedad civil. Exigió que se pusiera fin a todas las formas de acoso, intimidación, amenazas, arrestos, detenciones, tortura y malos tratos dirigidas contra ellos. Además, instaron a que se revocaran todas las designaciones injustas de organizaciones de la sociedad civil como entidades terroristas o ilegales. También pidieron que se eliminaran todas las restricciones a la financiación y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y subrayaron la necesidad de rendir cuentas por las violaciones cometidas.
Además, la Comisión hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye a los agentes de la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados. Pidieron un estrecho seguimiento de su situación, la condena de cualquier violación cometida contra ellos y la provisión de recursos y protección adecuados.
Está previsto que el informe se presente al Consejo de Derechos Humanos durante su 50º periodo de sesiones, en junio de 2023.