Según el diario Haaretz la Autoridad Fiscal israelí ha comunicado a Amnistía Internacional que está estudiando la posibilidad de revocar sus beneficios fiscales como consecuencia de su adhesión a la ley de boicot.
El gobierno israelí pretende responsabilizar a la sucursal de la organización en Israel de los llamamientos realizados por la organización internacional para boicotear los productos de los asentamientos e imponer un embargo de armas israelíes, según afirma el diario hebreo.
Esta medida forma parte de una batalla de siete años dirigida por el actual ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, contra Amnistía Internacional.
El año pasado, Smotrich solicitó la ayuda de su predecesor, Avigdor Lieberman, para revocar estos beneficios basándose en la ley destinada a imponer restricciones a las asociaciones e instituciones que abogan por el boicot económico, cultural o académico contra los asentamientos israelíes o la ocupación.
La oficina de Smotrich se negó a comentar si está implicado o no en el actual proceso.
La Ley de Boicot, aprobada en la Knesset en 2011, permite al ministro de Finanzas consultar con el ministro de Justicia para imponer una serie de restricciones a cualquier asociación o institución que llame al boicot contra los asentamientos o la ocupación.