Desde 2022, más de 1.100 palestinos de 28 comunidades han sido desplazados alegando el aumento de la violencia y la imposibilidad de acceder a tierras de pastoreo por parte de colonos israelíes ilegales, según informó la semana pasada la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
Durante el mismo periodo, 1.614 incidentes relacionados con colonos causaron víctimas palestinas o daños materiales, una media de 80 incidentes al mes, el mayor volumen jamás documentado por la ONU desde que comenzó a hacer un seguimiento de este tipo de comportamientos en 2006.
Cuatro comunidades han sido completamente desplazadas desde 2022 y ahora permanecen vacías. Otras seis comunidades han visto reducirse su población a la mitad.
“La ONU ha registrado este año niveles sin precedentes de violencia de los colonos contra los palestinos”, ha declarado Lynn Hastings, coordinadora humanitaria para los territorios palestinos ocupados.
“La comunidad humanitaria está respondiendo a sus necesidades inmediatas, pero no habría necesidad de ayuda humanitaria si se respetaran sus derechos fundamentales”.
Unos 10.000 residentes permanecen en las comunidades evaluadas y, junto con otros en todo el territorio, necesitan urgentemente ayuda humanitaria debido a la violencia de los colonos y a que las autoridades israelíes no exigen responsabilidades a los autores, explicó la ONU.
Esto, unido a la imposibilidad de los palestinos de obtener autorizaciones para construir, las demoliciones, los desalojos, las restricciones a la circulación y la continua expansión de los asentamientos, crea un entorno coercitivo que contribuye a desplazamientos que pueden equivaler a traslados forzosos, una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra, según la ONU.
En el informe, la ONU afirma que los pastores palestinos necesitan apoyo para sus medios de subsistencia, incluido para alimentar y proteger a sus rebaños, y ayuda humanitaria para atender sus necesidades básicas de refugio, alimentos, agua, educación y atención sanitaria.
La expansión de los asentamientos ha sido promovida por sucesivos gobiernos israelíes a lo largo de casi seis décadas, pero el gobierno de extrema derecha del actual primer ministro Benjamin Netanyahu la ha convertido en una prioridad absoluta.
El incendiario colono y ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, supervisa ahora la política de asentamientos y ha prometido intensificar la construcción y legalizar los puestos de avanzada construidos sin autorización.
Todos los asentamientos y puestos de avanzada son ilegales según el derecho internacional.