La Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos afirmó en su informe anual que la represión israelí contra los grupos de DDHH era “injustificada y violaba los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de asociación, expresión, opinión, reunión pacífica, intimidad y el derecho a un juicio justo”.

La comisión, dirigida por un equipo de tres expertos en derechos humanos, se creó en 2021 tras los ataques israelíes de 11 días contra Gaza. Israel acusa al consejo de derechos, y a la comisión, de “parcialidad injusta”.

La ex jefa de derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, que dirige la comisión, acusó a las autoridades israelíes de “limitar los derechos a la libertad de expresión y de asociación pacífica”.

“Estamos especialmente alarmados por la situación de los defensores palestinos de los derechos humanos, que son sometidos habitualmente a una serie de medidas punitivas como parte del régimen de ocupación”, declaró.

En 2020 y 2021, Israel designó y prohibió siete grupos palestinos de derechos humanos como “terroristas”. Posteriormente, las fuerzas israelíes allanaron las sedes de las organizaciones y cerraron algunas de sus oficinas.

Israel afirma que los grupos están vinculados al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que Tel Aviv clasifica como “terrorista”. Los grupos de defensa de los derechos niegan cualquier relación con el FPLP, mientras que varios países europeos han rechazado las acusaciones israelíes, alegando falta de pruebas.