En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino calificó de racista y represiva la estrategia israelí, y violatoria del derecho internacional.
La medida es un castigo colectivo contra todos los palestinos que viven en Jerusalén y un ataque flagrante al statu quo histórico y jurídico existente, subrayó.
Además, manifestó, constituye una clara violación de las obligaciones de Israel como potencia ocupante de la ciudad.
La Cancillería resaltó que las acciones de esa nación en la zona ocupada son nulas, ilegítimas e ilegales, según el derecho internacional y humanitario.
Esta semana la Iglesia Ortodoxa Griega de San Porfirio, ubicada en la franja de Gaza, denunció también que el gobierno israelí canceló los permisos a los cristianos que viven en el enclave costero para visitar sitios sagrados en Cisjordania.
“Según las instrucciones recibidas de los hermanos en el Ministerio de Asuntos Civiles (palestino), les informamos que los permisos de Pascua han sido cancelados por la parte israelí”, precisó la iglesia en su página de Facebook.
El diario The Jerusalem Post reveló que unas 700 personas recibieron autorización para trasladarse, pero luego se revocó la decisión sin una explicación por parte del Gobierno de ese país.
Para salir de la franja, donde viven más de dos millones de palestinos, es obligatorio un permiso especial israelí, incluso aunque sea por una urgencia médica.
Con motivo de la Pascua muchos cristianos gazetíes se trasladan a las ciudades de Jerusalén y Belén para visitar lugares de culto.