Los palestinos de Jerusalén ocupada iniciaron una huelga y actos de desobediencia civil en protesta por la “masacre de demoliciones” cometida por las autoridades de ocupación israelíes.
Las autoridades de ocupación israelíes intensificaron las demoliciones en Jerusalén, la última de las cuales fue la demolición de una instalación comercial y un muro de contención y la nivelación de terrenos en la ciudad de Jabal Al-Mukaber ayer.
Esta semana, las fuerzas de ocupación comenzaron a aplicar un plan de demolición de 14 viviendas en Jerusalén, de acuerdo con una serie de decisiones adoptadas por el Gabinete israelí.
En Jabal Al-Mukaber tuvo lugar una huelga general y el cierre de calles, callejones y tiendas de la ciudad, en protesta contra la política de ocupación de demoler las viviendas de la ciudad. Decenas de jóvenes cerraron las calles y vertieron aceite en las carreteras para impedir que las fuerzas de ocupación se dirigieran a demoler las viviendas.
Los árabes de Sawahira y el movimiento juvenil de Jerusalén convocaron ayer una huelga general que comenzará hoy, subrayando que se enfrentarán a la política de demolición de viviendas en la ciudad.
Se unen así a las ciudades de Shuafat y Anata, en la Jerusalén ocupada. En una declaración emitida por el comité de residentes para la desobediencia civil se pide no ir a trabajar y no salir a la calle hoy en objeción a las decisiones de la ocupación.
La emisora oficial israelí Kan confirmó que “continúa la campaña conjunta del municipio de Jerusalén y la agencia de policía para demoler edificios palestinos en Jerusalén Este”. Esta campaña fue anunciada recientemente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.
Kan declaró que los equipos militares israelíes de demolición están trabajando para derribar varias viviendas palestinas en todo Jerusalén, incluidas las de Silwan, Al-Sawahira, Jabal Al-Mukaber, Ras Al-Amud y Beit Hanina.
El extremista Ben-Gvir confirmó que “este paso forma parte de una serie de medidas para combatir las operaciones y reforzar la gobernanza en Israel”.
Por su parte, el diario Haaretz confirmó en su editorial del lunes que la actuación del gobierno israelí, que afirma que son “medidas disuasorias”, no son más que medidas punitivas contra quienes no están acusados de nada más que de estar relacionados con quienes cometen atentados.
Y añadía: “Al aplicar esta política rechazada en los territorios ocupados, incluido Jerusalén Este, Israel se arriesga a cometer actos que violan el derecho internacional y cometen crímenes de guerra”.
El periódico señalaba que los castigos que Israel pretende imponer a las familias de los autores de los atentados incluyen la demolición de viviendas, la revocación de derechos sociales, incluida la seguridad social, y la expulsión”.
Advirtió que “el primer ministro Benjamin Netanyahu está interesado en sacar adelante un proyecto de ley para retirar los subsidios del seguro a las familias de los autores de atentados y promulgar una ley para expulsar a estas familias”, subrayando que “el gobierno de Netanyahu quiere perjudicar a quienes no son sospechosos de nada sin pruebas ni juicio”.
El periódico concluye que la política israelí de “disuasión” es un fracaso, porque el círculo de la venganza y la violencia se amplía cada vez que se recurre al castigo colectivo.