Después de 11 días de enfrentamientos asimétricos se logró una tregua  entre las FF.AA israelíes y las milicias palestinas de Gaza. 242 palestinos  fallecidos, incluidos 65 niños y 39 mujeres y 12 israelíes y 2 menores  fallecidos. La aviación israelí destruyó la infraestructura física de Gaza, ya  debilitada por 14 años de bloqueo.

Cientos de viviendas y numerosos edificios fueron devastados, provocando  una tragedia humanitaria. Las tensiones se inician en el barrio Sheikh  Jarrah, en Jerusalén Oriental ocupado, con el intento de desalojar de sus  hogares a 20 familias palestinas en beneficio de colonos israelíes y el  ingreso violento de la policía israelí a la Mezquita Al Aksa, tercer lugar más  sagrado del Islam en el mes de Ramadán.

El bombardeo indiscriminado contra la población civil puede ser  considerado como un crimen de guerra conforme al Estatuto de Roma.  Así lo ha confirmado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos  Humanos, Michelle Bachelet: “existen dudas sobre el cumplimiento  israelí de los principios de distinción y proporcionalidad y los ataques  podrían constituir crímenes de guerra”. La ONU abre una investigación  internacional.

La Corte Penal Internacional (CPI) recientemente resolvió “que la jurisdicción territorial de la Corte en la cuestión de Palestina se extiende  a los territorios ocupados por Israel desde la guerra de 1967, incluidos  la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental”. La Fiscal de la CPI,  Fatou Bensouda, confirmó, en 2019, que “había una base razonable”  para abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad  en los territorios palestinos ocupados. El Estado de Palestina ratificó en  2015 el Estatuto de Roma y demandó una indagatoria por delitos de lesa  humanidad y crímenes de guerra en Palestina. La Fiscal Bensouda ha  confirmado el inicio de una investigación, decisión adoptada “después de  un examen preliminar meticuloso que se prolongó por cinco años”.

La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, en  reciente informe, imputó al gobierno israelí la comisión de delitos de lesa  humanidad y persecución en contra de los palestinos que viven en Israel  y en los territorios ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental  y que constituyen crímenes de apartheid y persecución. Concluye que  “Israel mantiene una dominación deliberada sobre los palestinos que se  suma a una opresión sistemática, graves abusos y actos inhumanos”. El  informe “insta a Israel a desmantelar los asentamientos y poner término  a la limpieza étnica, la tortura, la usurpación de tierras, demolición de  viviendas, castigos colectivos, deportaciones y desplazamientos forzosos.  Llama a Naciones Unidas a establecer una comisión investigadora de tales  ilícitos y a la Fiscalía de la CPI a sancionar estos delitos, proteger a las  víctimas y evitar la impunidad”.

Naciones Unidas tiene una deuda moral y política con Palestina desde 1947  y debe impulsar con urgencia una solución pacífica con la visión de dos  Estados. Palestina e Israel, conviviendo en paz y seguridad, estableciendo  un Estado palestino independiente en las fronteras previas a la guerra de  1967, que incluye Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental y exigir el fin de la  ocupación conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de ONU

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Por: Nelson Hadad, académico, exembajador de Chile en Jordania, Irak y Egipto