La alta comisionada de DDHH de la ONU indicó que la legislación contra terroristas no debe ser aplicada al “trabajo humanitario legítimo”.
Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, calificó de “ataque contra los defensores de los derechos humanos” y la sociedad civil palestina la decisión de Israel de designar como “terroristas” a seis ONG.
En un comunicado, Bachelet dijo que la decisión también supone un ataque contra “las libertades de asociación, opinión y expresión y el derecho a la participación pública” y aseguró que “debe ser revocada de inmediato”.
Bachelet describió las organizaciones en cuestión como “algunos de los grupos humanitarios y de derechos humanos de mayor reputación en el territorio palestino ocupado” y señaló que “durante décadas han trabajado en estrecha colaboración con la ONU”.
La alta comisionada mencionó que las decisiones de designación en virtud de la ley antiterrorismo de Israel de 2016 “se basan en razones extremadamente vagas o infundadas, incluidas actividades de derechos humanos totalmente pacíficas y legítimas como proporcionar asistencia jurídica a los palestinos detenidos, organizar actividades para mujeres en Cisjordania y promover medidas en contra Israel en el ámbito internacional”.
“Reclamar derechos ante la ONU u otro organismo internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres en el territorio palestino ocupado no es terrorismo y brindar asistencia legal a los palestinos detenidos no es terrorismo”, aseguró la alta comisionada.
Bachelet reiteró que “la legislación contra el terrorismo no debe aplicarse a la labor humanitaria y de derechos humanos legítima” e indicó que “la prohibición de las organizaciones no debe utilizarse para reprimir o negar el derecho a la libertad de asociación, reprimir la disidencia política, silenciar opiniones impopulares o limitar las actividades pacíficas de la sociedad civil”.
“Las organizaciones, incluidos algunos de los socios clave de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, enfrentan consecuencias de gran alcance como resultado de esta decisión arbitraria, al igual que las personas que las financian y trabajan con ellas, mientras que el trabajo crucial que realizan para miles de palestinos corre el riesgo de ser detenido o severamente restringido”, aseveró Bachelet.
La alta comisionada recordó que el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, acusa a las seis organizaciones palestinas de haberse convertido en un “brazo” del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
No obstante, Bachelet dijo que Gantz no presentó ninguna evidencia que respaldase sus acusaciones y aseguró que tampoco existe “información sobre el tipo de presunta ‘actividad terrorista del FPLP’ ni se ha llevado a cabo ningún proceso público para establecer las acusaciones”.
Además, Bachelet manifestó que “estas últimas decisiones resaltan cuán problemática es la ley antiterrorista de Israel, incluida su definición demasiado amplia de terrorismo, los problemas del debido proceso y la manera en que permite que las pruebas se mantengan en secreto”.
“Israel debe garantizar que los defensores de los derechos humanos no sean detenidos, acusados y condenados en relación con su trabajo legítimo de proteger y promover los derechos humanos”, agregó Bachelet.
Fuente: Anadolu
Edición: Comunidad Palestina de Chile