El gobierno holandés informó que dejará de financiar a una de las seis principales organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos de Palestina, luego que Israel los etiquetara como “grupos terroristas” en octubre de 2021.
En un comunicado en el que denuncia la decisión, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), con sede en Ramallah -de la que el gobierno holandés ha sido el principal donante desde 2013- dijo que “es la primera vez que un gobierno pone fin a su financiación para la sociedad civil palestina basándose en la condicionalidad política”.
La UAWC proporciona ayuda práctica a los palestinos, entre otras cosas rehabilitando las tierras que corren el riesgo de ser confiscadas por Israel. Ayuda a decenas de miles de agricultores de la zona C, más del 60 por ciento de la Cisjordania ocupada bajo control militar directo de Israel, y donde se encuentran la mayoría de los asentamientos ilegales israelíes y sus infraestructuras.
En octubre de 2021, Israel etiquetó y prohibió a seis organizaciones como “terroristas” con el pretexto de que estaban afiliadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). La medida fue ampliamente condenada por la comunidad internacional y los grupos de derechos humanos por considerarla “injustificada” e “infundada”, ya que el gobierno israelí no ha aportado ninguna prueba que justifique sus afirmaciones.
Cinco de las organizaciones son palestinas: el grupo de derechos de los presos Addameer; el grupo de derechos Al-Haq; la Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC); el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo; y el UAWC. La sexta es la sección palestina de la organización Defensa de los Niños Internacional, con sede en Ginebra.
Desde 1967, Israel ha prohibido más de 400 organizaciones locales palestinas e internacionales por considerarlas “hostiles” o “ilegales”, incluidos todos los principales partidos políticos palestinos, como el partido gobernante Al Fatah de la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con la que Israel firmó los Acuerdos de Oslo de 1993.
Las autoridades israelíes también han aplicado estas designaciones a decenas de organizaciones benéficas y medios de comunicación de Palestina, y las han utilizado para allanar sus oficinas, emitir órdenes de cierre, llevar a cabo detenciones y encarcelar a personas, y juzgar regularmente a personas por su trabajo que ejercen derechos civiles básicos y por criticar la ocupación israelí, considerada ilegal según el derecho internacional.