La prohibición expiró el pasado 6 de julio, después de que la coalición gubernamental no lograra la mayoría necesaria para prorrogarla.
La ministra del Interior, Ayelet Shaked, ordenó a la Autoridad de Población e Inmigración, a detener los procesos mientras no se resuelva una política gubernamental al respecto, después de que la enmienda a la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, que prohíbe dicha unificación, no fuera aprobada en la Knesset.
Por su parte Autoridad de Población indicó que por regla general, la expiración de la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel (orden temporal) va acompañada de intenciones que tienen implicaciones para el trabajo de los profesionales. “Las nuevas solicitudes junto a la mejora del estatus, para aquellos que quieran iniciar un procedimiento para recibir la ciudadanía se tramitarán cuando se finalice el reglamento y hasta entonces se prorrogará el permiso actual”, indicaron.
La orden temporal expiró el pasado 6 de julio, después de que la coalición gubernamental no lograra la mayoría necesaria para prorrogarla. Esta iniciativa se aprobó como una enmienda de emergencia a la Ley de Ciudadanía durante la Segunda Intifada en 2003, y desde entonces se ha prorrogado cada año. El gobierno alega que la enmienda se aprobó por motivos de seguridad, debido a la implicación en el terrorismo de los residentes palestinos de los territorios que recibieron un permiso de residencia en Israel para la reunificación familiar.
La enmienda imponía dos restricciones principales a la unificación familiar entre palestinos e israelíes: No permitía que los palestinos recibieran el estatus de ciudadano, sino como máximo un permiso de residencia en Israel (también llamado “permiso de unificación familiar”), que equivale a un permiso de trabajo y se renueva cada uno o dos años. Tampoco permitía presentar una solicitud de unificación familiar antes de los 35 años para los hombres palestinos o de los 25 para las mujeres palestinas.
Mientras la orden temporal estuvo en vigor, toda solicitud presentada al ministerio del Interior era rechazada automáticamente, por imperativo legal, a menos que la repartición decidiera lo contrario. Una vez expirada la validez de la orden temporal, la situación debía invertirse: cada solicitud debía ser examinada por el servicio de seguridad Shin Bet, y si no había ninguna razón de seguridad para denegarla, se aprobaría automáticamente a menos que el ministro del Interior se opusiera.
Tras la negativa de la Autoridad de Población e Inmigración a atender las solicitudes de los palestinos, varios de ellos se dirigieron recientemente a través de una carta al organismo gubernamental en la que advertían que si sus peticiones no son atendidas, tienen la intención de recurrir a los tribunales.
La representante de los afectados, Michal Luft, en el texto que envío a Yoel Lipovetzky, jefe de la Autoridad de Población, al asesor jurídico de la autoridad, Daniel Salomon, y a la subdirectora de la oficina de la autoridad en Hadera, Orit Hecht, explicó que la expiración de la ley no ha creado ningún vacío legal. “La ley relevante para ellos es la Ley de Ciudadanía, y el reglamento para ellos es “el que concede el estatus a una pareja extranjera casada con un ciudadano israelí/residente permanente”. Por tanto, “el Ministerio del Interior no tiene el privilegio de retrasar las citas, tramitar las solicitudes y decidir sobre ellas”, indicó Luft.
Fuente: Haaretz
Edición: Comunidad Palestina de Chile