La petición fue presentada en conjunto con el Centro de Asistencia Jurídica y Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC) y la Comisión Palestina de Colonización y Resistencia al Muro (CWRC).
Los consejos locales de Beita, Yutma y Qabalan presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Israel para anular el acuerdo firmado la semana pasada entre el gobierno de Israel y colonos israelíes, que busca legalizar un puesto de avanzada de Evyatar, en tierras palestinas.
El puesto de avanzada se construyó en una superficie de 3500 metros cuadrados y bloqueó el paso a unos 30.000 residentes de los tres pueblos, que vieron con impotencia cómo fueron destruidas sus parcelas agrícolas, que forman parte de su sustento diario.
El 6 de junio, el Ejército israelí emitió una orden de desalojo contra el puesto de avanzada de Evyatar y una orden de demolición de sus estructuras basada en la orden militar 1797 para la eliminación de nuevas estructuras. El 20 de junio, el fiscal general adjunto de Cisjordania rechazó las objeciones de los colonos contra las órdenes de desalojo y demolición, declarando que los israelíes extremos “habían violado flagrante y gravemente la ley” y que seguían construyendo ilegalmente incluso después de la emisión de la orden militar.
El compromiso alcanzado entre el gobierno israelí y los colonos de Evyatar contempla evacuar pacíficamente y de manera temporal el puesto de avanzada, mientras sus edificios y estructuras ilegales permanecerán intactos, a la espera de que el gobierno israelí y la justicia “examinen” la situación legal de la tierra.
Para los afectados, el resultado de dicho acuerdo terminará por beneficiar a los colonos debido a que todo indica que el gobierno israelí declarará el terreno como propiedad del Estado, confiscará las tierras palestinas y estas serán adjudicadas a los colonos. Como precedente está el hecho de que la jueza Esther Hayut se acogió a la Ley de Regularización, en algunos casos, confirmando que cualquier tierra estatal en Cisjordania será ocupada por colonos israelíes.
El recurso presentado por los civiles palestinos hace hincapié en que lo acordado por el gobierno y los colonos viola el principio de respeto y de garantía al orden y la seguridad público respetando las leyes vigentes en el país, como se especifica en el artículo 43 del Reglamento de La Haya y del artículo 53 de la Cuarta Convención de Ginebra, el cual prohíbe la destrucción de la propiedad pública o privada, individual o colectiva, de la población protegida, en ausencia de necesidad militar.
La zona de la colina de Sabih, donde se construyó el puesto de avanzada de Evyatar, se extiende más allá de las áreas confiscadas, proceso que se inició a principios de los 80 cuando los pobladores palestinos recibieron una orden de confiscación militar bloqueando a los palestinos el acceso a su propiedad; posteriormente en 2018, el Ejército israelí emitió una nueva orden de expropiación en esos terrenos que han sido de propiedad palestina por décadas.
Fuente: WAFA
Edición: Comunidad Palestina de Chile