Janez Lenarcic, Comisario europeo de Gestión de Crisis, afirmó que la ocupación israelí debe reembolsar a la Unión Europea las estructuras que está demoliendo en Cisjordania y que fueron construidas con fondos de la UE.
Esta declaración se hizo en respuesta a 24 miembros del Parlamento Europeo que se pusieron en contacto con la Comisión en relación con el plan de Israel de demoler numerosas viviendas en Masafer Yatta, financiadas por la Unión Europea y sus países miembros.
Los eurodiputados escribieron a Lenarcic para recordar a la Comisión que ya habían pedido anteriormente a Israel que reembolsara la pérdida de dinero de los contribuyentes europeos, y que esos esfuerzos diplomáticos no habían tenido éxito.
“En términos financieros, Israel no asumió las consecuencias de las demoliciones ilegales y las violaciones de los derechos humanos”, escribieron los parlamentarios.
Lenarcic respondió que “en varios incidentes, se ha pedido a Israel que devuelva o compense los bienes financiados por la Unión que fueron destruidos, desmantelados o confiscados”, y que la Unión Europea sigue trabajando en este sentido a través de diversos canales diplomáticos y políticos.
El comisario dijo también que los representantes de la Unión Europea visitan a menudo la zona para advertir contra la demolición de los edificios y que “la comisión sigue todas las demoliciones y confiscaciones de edificios financiados por donantes, incluidos los bienes financiados por la Unión Europea y los daños financieros concomitantes”.
Sin embargo, añadió que “en este momento, la lista de posibles medidas para garantizar una compensación por parte de Israel por la financiación europea que se fue por el desagüe en las demoliciones aún no se ha sometido a debate” en el Consejo de Europa.
Según él, “el Consejo debe decidir sobre la posible adopción de los medios que utilizará la Unión” para garantizar la indemnización.
Los cerca de 1000 palestinos que viven en Masafer Yatta son habitantes de ocho pueblos. La ocupación israelí proclamó la zona zona de tiro militar hace más de dos décadas en respuesta a una petición al Tribunal Superior de Justicia presentada por los residentes locales. La petición argumenta que estas personas habían ocupado la zona antes de que fuera designada zona de tiro, por lo que su desplazamiento es ilegal.